La defensa de los derechos de los trabajadores es una actitud digna de admiración, con peros importantes.
En una sociedad acomodada, como es la española del S. XXI, resulta interesante asistir a toda manifestación contructiva, y más cuando los sindicalistas, asalariados, miran constantemente hacia otro lado mientras reciben ingentes cantidades de dinero.
Entre esa actividad y la protesta de los mineros media un inmenso abismo, tan grande como el Código Penal.
Excusar ataques terroristas con la pancarta de la protección a las subvenciones al carbón suena a broma macabra, cuando son mileuristas españoles, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los que reciben los desorbitados ataques de unos animales.
Para algunos sujetos, la pérdida de un puesto de trabajo justifica cualquier actuación, desde una marcha silenciosa a cientos de kms, hasta el uso de lanzacohetes...
Este tipo de reivindicaciones merece la respuesta adecuada por el Estado. ¿La tendrá?
