Los medios públicos de comunicación así lo han confirmado organizando debates a dos bandas. Tanto en Andalucía (Arenas-Chaves) como a nivel estatal (Rajoy-Rodríguez), excluir a los minoritarios ha sido la decisión adoptada. A pesar de las quejas de los perjudicados, la ciudadanía, según datos de audiencia, lo ha respaldado plenamente.
Las encuestos no son muy positivas para los recién llegados (por separado, gracias a los unionistas) UPD y Ciudadanos, en el mejor de los casos, un escaño en Madrid (los primeros) y otro en Barcelona (los segundos) lograrán arrancar. El pastel se pone muy caro, ¡maldita "recesión económica"!
IU se ha convertido en el partido cómico de la campaña, esa fuerza que provoca la sonrisa del elector (maligna o benigna según la ideología) y que juega con fuego, Llamazares tiembla ante la posibilidad de perder el Grupo Parlamentario propio.
La tremenda contradicción la plantean los partidos nacionalistas. La injusta Ley Electoral permite acceder al Parlamento estatal a unos candidatos que representan unos intereses desconocidos en el resto del territorio español (conocidos y repugnados para otros) y que tienen en sus manos, en el caso de reafirmarse lo expresado por las encuestas, el poder en España, el desembarco del nuevo inquilino en la Moncloa.
¿Propiciaría una profunda reforma electoral un cambio del escenario político?
¿Introducir como requisito a los nacionalistas obtener representación en todo el territorio estatal abriría un abanico de posibilidades para los partidos minoritarios?
¿Aumentaría o disminuiría el "voto útil?
Por ahora (y no se esperan cambios inminentes) el 9M presenta dos opciones claras: Rajoy o ZP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario